Este trabajo analizaba en 1982 las modalidades de un procedimiento aplicado, con asombrosa similitud en varias decenas de miles de casos: anonimato de los ejecutores, violencia incontrastable, encapuchamiento de las víctimas, zonas francas, apoderamiento de los bienes, entre otras. Los datos aportados en este trabajo confirmaron la tesis de la responsabilidad del gobierno de las Fuerzas Armadas en la desaparición de miles de personas en la Argentina y la existencia de un sistema jerarquizado de represión.